En la última sesión ordinaria, la Junta trató la minuta del concejal Juan José Arnold, a través de la cual solicitó a la Intendencia que informe, en un plazo no mayor a ocho días, sobre el estado actual de la implementación de la Ley de Capitalidad y Compensación de Deudas.
El concejal Arnold expresó en la minuta, su profunda preocupación respecto a la falta de respuestas por parte de la Intendencia Municipal y las autoridades competentes sobre el estado actual de la LEY N° 5.246 “Que autoriza un régimen especial de transferencia de capital destinado a obras de infraestructura y establece mecanismos operativos para el pago de tributos municipales de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), a la Municipalidad de Asunción” y los compromisos adeudados en diversos conceptos tributarios.
Además, solicitó información fundamental para garantizar la implementación efectiva de esta ley, que busca otorgar anualmente recursos estatales, estimados en 52.800 millones de guaraníes, destinados exclusivamente a obras de infraestructura urbana.
Compensar las deudas existentes entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción, generando un equilibrio financiero necesario para la gestión de la ciudad.
Refirió además que Asunción fue sede de la final de la Copa Sudamericana, evento que proyectó una imagen positiva del país y demostró nuestra capacidad para albergar eventos internacionales de gran envergadura. “Sin embargo, es imperativo fortalecer la infraestructura urbana para mantener y mejorar esta imagen, lo cual requiere de los recursos previstos en la mencionada ley”, indicó.
“Considerando que Asunción se encuentra camino a su 500° aniversario es crucial que, a través de los mecanismos pertinentes, se trabajen en los montos correspondientes a las deudas en diversos conceptos tributarios que el Estado mantiene con la Municipalidad de Asunción; también en la disposición administrativa que establezca la creación de un ‘Certificado de no Adeudar Tributos a la Municipalidad de Asunción’, requisito indispensable para que los Organismos y Entidades del Estado puedan iniciar cualquier proceso de contratación o concesión pública”, sostiene.
La minuta fue derivada a la Intendencia para el estudio correspondiente.