Durante la sesión ordinaria de la Junta, presidida por el edil Luis Adolfo Bello, el pleno aprobó sobre Tablas, con carácter resolutivo, la minuta presentada por la concejala Fiorella Forestieri quien, en su carácter de presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, solicitó a la Intendencia que realice una serie de acciones que guardan relación con la construcción de la Escuela Básica N° 8.157, del barrio San Francisco.
A esta institución asisten más de 1.000 alumnos que no están pudiendo dar clases presenciales desde hace un mes, debido a graves problemas de infraestructura que representan un riesgo real e inminente para la vida e integridad de niños, docentes y funcionarios, destaca parte del texto presentado.
“El día viernes 6 de junio del corriente año, como Comisión de Niñez y Adolescencia, nos hemos constituido in situ en la escuela y según lo expresó la directora de la institución, Guillermina Fernández, la estructura presenta daños severos y riesgo de derrumbe. Esta escuela fue construida hace aproximadamente 7 años, con fondos provenientes de la cooperación de la Entidad Binacional Itaipú; sin embargo, en los primeros 2 años ya se detectaron fallas estructurales evidentes, al punto de que fue necesario intervenir con la construcción de nuevos pilares de contención”, refirió la edil en parte de su minuta.
Dijo además que, aunque afortunadamente no se han registrado pérdidas humanas gracias a las medidas de prevención adoptadas, lo cierto es que estos hechos podrían configurar la comisión de varios delitos establecidos en el Código Penal Paraguayo.
Entre ellos citó las actividades peligrosas en la construcción, lesión de confianza y estafa, en caso de verificarse una conducta dolosa en la ejecución o supervisión de la obra.
“Más allá del eventual reproche penal, este caso evidencia una grave negligencia técnica y administrativa, que exige la realización de un peritaje estructural y una auditoría completa de la obra”, agregó.
Destacó además que es fundamental comprender que una obra pública mal ejecutada no puede ser tratada con liviandad. “No se trata simplemente de ‘arreglar lo que se hizo mal’ y seguir adelante, debe haber consecuencias legales, institucionales y económicas. Las constructoras, fiscalizadores y funcionarios responsables deben rendir cuentas, no solo penalmente, sino también en la vía civil, por los daños y perjuicios causados al Estado, a la comunidad educativa y a la ciudadanía”.
La concejala Forestieri solicitó que se inste a la Entidad Binacional Itaipú que, en su carácter de financiadora de la obra, disponga de una investigación técnica y jurídica integral, que incluya peritajes y auditorías especializadas sobre la construcción de la Escuela Básica N° 8157 del barrio San Francisco.
“En caso de comprobarse irregularidades, instar a que se promuevan las acciones legales correspondientes, tanto en la vía penal como en la civil, contra todos los responsables de la ejecución, fiscalización o autorización de la obra”, acotó.
Recomendó además a la Entidad Binacional Itaipú que, en su carácter de financiadora de la obra, garantice que las futuras contrataciones con fondos binacionales cuenten con mecanismos eficaces de control de calidad, transparencia y rendición de cuentas, para evitar la repetición de hechos tan graves como los aquí denunciados y, que se remita por nota a la Entidad Binacional Itaipú, la presente minuta con la Resolución de aprobación de la Junta Municipal.
