El concejal Arturo Almirón recibió una solicitud formal el 11 de marzo de 2026 para exigir el cumplimiento estricto de la Ordenanza Nº 92/23. El reclamo surge debido a que, según la normativa vigente, el costo por la utilización del inmovilizador (cepo) debe ser de un solo jornal. Sin embargo, se ha detectado que la normativa no se está aplicando de manera uniforme en la capital.
La preocupación principal radica en las denuncias de diversos contribuyentes, quienes afirman que todavía existen casos en los que se pretende cobrar hasta tres jornales por el retiro del cepo. Esta situación ha generado una profunda molestia y confusión entre los ciudadanos, ya que representa un cobro significativamente mayor al establecido en la ordenanza tributaria actual.
Ante esta irregularidad, se ha solicitado a las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito que tomen medidas inmediatas para garantizar que se respete el monto legal. El objetivo de esta petición es evitar que se sigan realizando cobros que no corresponden y asegurar que la ciudadanía pague únicamente lo estipulado por la ley municipal.
La minuta fue aprobada sobre Tablas.
